Políticas públicas y programas preventivos exitosos a nivel nacional

Ilustración 1: Alcaldías electas son capacitadas en la Estrategia Sembremos Seguridad (Mi Prensa, 2024).

En Costa Rica, la política pública en materia de seguridad y prevención del delito ha atravesado transformaciones lentas, complejas y en muchas ocasiones contradictorias; cuando estas son mencionadas o consideradas dentro de la esencia estatal son una clara representación de como el Estado costarricense interviene para responder a múltiples desafíos sociales del país.

Algunas veces la política pública suele tener una ausencia de comprensión en el ámbito social; sin embargo, contiene una alta importancia en referencia a la toma de decisiones para crear técnicas, estrategias y programas que buscan prever la delincuencia desde varios enfoques criminógenos que suelen aportar vulnerabilidad en la población más desprotegida.

En breve pueden acceder al siguiente vídeo que, de forma sencilla explica la dinámica de la política pública: 

Vídeo 1: Qué es una política pública (Planeación, 2018).

Solo a través de la política pública es que se busca comprender la realidad nacional; los programas diseñados para responder al contexto comunitario son aquellos que logran construir caminos preventivos más cercanos a las personas, más atentos a las causas estructurales del delito, y menos subordinados al castigo como la única respuesta definitiva a la disminución de acciones criminales y delictivas.

Ahora bien, todas aquellas acciones que el gobierno diseñe, planifique y ponga en curso, que fueron así gracias al diagnóstico y análisis de los factores criminógenos y externos que afectan a los costarricenses deben reconocerse como políticas públicas, pero esta solamente se convierte en eficaz sí parte de una visión integral del fenómeno delictivo y su vínculo con las desigualdades sociales.

A pesar de avances que han permitido visibilizar el enfoque preventivo desde lo local, persiste un desnivel entre el diseño de las políticas públicas y la en la que deberían de aplicarse. La prevención lejos de estar consolidada como política de Estado, sigue apareciendo como un conjunto de iniciativas fragmentadas, muchas veces reformadas u olvidadas al cambio de gobierno, a la rigidez institucional o al escaso conocimiento del contexto territorial; sin embargo, y a pesar de las limitaciones, se han gestado experiencias exitosas desde lo local que merece destacarse, tanto por su impacto como por la capacidad de resistir a la inercia institucional.

Ciertamente han surgido programas que marcan rutas viables, esto porque parte de objetivo es el estudio de los factores que más dañan a la seguridad ciudadana. Ante lo expuesto, Serbin, Sojo, y Salomón, 2001, pp. 27-28; citados por, Solís (2015, p, 5) mencionan que:

La seguridad ciudadana es un concepto que trata de restituir un lugar central a la ciudadanía, entendida ésta como sujeto histórico sobre el cual debe recaer la acción del Estado. En este caso, y de acuerdo a los esfuerzos analíticos que se han realizado con gran intensidad desde comienzos de la década de los noventas, la ciudadanía así considerada transciende la concepción jurídica y se ubica en el plano político-social. De ahí que al hablar de seguridad ciudadana hablemos de la seguridad de todos y, particularmente, de la obligación estatal de garantizarla.

Un plan nacional debe exteriorizar acciones concretas que respondan a la realidad de cada comunidad, sin importar cuán alejadas estén del centro político. Por ejemplo, esta visión se puede encontrar en aquellos espacios comunitarios donde vecinos, municipalidades y organizaciones sociales han sostenido iniciativas con escaso apoyo estatal, pero con resultados notables.

El proyecto llamado Mejora del trabajo policial con jóvenes en riesgo para prevenir la violencia y el delito juvenil, desarrollado en el 2020, busca dar respuesta a dos escenarios que involucran los cuerpos policiales y los y las jóvenes vulnerables. Es por ello, que su cuerpo policial “busca elaborar estrategias que incidan en la disminución de los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección” (Ministerio de Seguridad Pública, 2012, p. 19; citado por, Castrillo, Mata, Rodríguez & Villalobos, 2020, p. 82). Este tipo de iniciativas representan un paso necesario, aunque lento si hablamos de transformar el desarrollo humano y social.

Para saber dónde aplicar intervención, se debe de partir del estudio y mapeo estadístico de los territorios con más factores criminógenos de riesgo. Ahora bien, la intervención realizada ante la población más expuesta a la comisión de actos delictivos, desde una perspectiva crítica de acompañamiento y no de vigilancia, rompe con la idea errónea de generar prevención por medio del enfoque punitivo.

Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de que estrategias no se queden en proyectos temporales y sin una rigurosa evaluación para determinar el impacto y los resultados de estas. Es criterio ético para todo y toda profesional relacionado con el interés al desarrollo de nuevas políticas públicas o reformas de las ya existentes en Costa Rica; más que necesitar que estas sean prioridad en las agendas estatales deben de partir de las siguientes características:

-                Intencionalidad.

-                Orientación al bien común.

-                Procesos de decisión y acción gubernamental.

Toda política pública actual debe de iniciar por tener una intención clara y objetiva de generar cambios de la mano al respeto por los derechos humanos y su dignidad. Esto sin importar al sector que se beneficie con ello, siendo el sector salud, seguridad, educación, trabajo o medio ambiente.

La meta de esta siempre va a ser la finalidad de intencionar cambios positivos en la vida de toda la ciudadanía. La intencionalidad suele representar la esencia de perseguir un propósito, ya que la misma nace de la voluntad de intervenir los problemas identificados para ser transformados y con ello mejorar la calidad de vida de cada costarricense.

Ahora bien, en el proceso del desarrollo y planificación de cada política pública que busca crear programas exitosos preventivos en ellos siempre se presentarán efectos colaterales o ciertas resistencias; sin embargo, esto no quiere decir que no estén orientadas al bien común. Aquellos programas que estén orientados al bien común no deben de escoger a quién o quiénes se benefician por conveniencia política, ni se deben dejar influenciar por presiones mediáticas; ya que todo aquel que decida actuar desde el sentir profundo de la dignidad humana y con idea de que el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir los derechos constitucionales de los y las costarricenses, solo logrará alzar la voz por quienes durante un largo tiempo han sido silenciados.

Por consiguiente, toda estrategia que se decida implementar a beneficio de la seguridad ciudadana con le objetivo de intervenir los factores estructurales de riesgo que provocan que cientos de personas (menores y mayores de edad) recurran al accionar delictivo deben nacer de la ética, la profesionalidad y la toma de decisiones. Toda política, programa o proyecto relacionado con la prevención del delito a nivel nacional pasan por el proceso de la toma de decisiones donde los actores estatales y gubernamentales son de suma importancia.

Toda acción que busque generar prevención, sea primaria, secundaria y terciaria debe de cumplir con un ciclo vital, por ejemplo, seguir rigurosamente ciertas características que las conviertan en herramientas viables, éticas y sostenibles; por ejemplo, cumplir con la identificación de un problema que afecta a la ciudadanía más vulnerable, generar soluciones viables, adopción de compromiso por parte del Estado, además, se da la implementación al desarrollo en sí de la idea principal y real; para luego dar paso a dos etapas esenciales, la evaluación de los resultados y el impacto que genera el programa, estrategia o política como tal, por último, generar retroalimentaciones que sirven para implementar los cambios necesarios que llevarán a lo implementado a la adaptación de nuevos retos.

Pero, para que todo esto se dé es vital que todos los actores y redes trabajen de manera colaborativa. Cuando se habla de prevención desde lo local, no es suficiente con que exista un plan de manera técnica; la clave para que un programa preventivo tenga impacto real en las comunidades está en la capacidad de articular voluntad, experiencias y recursos de diversos actores sociales.

La política pública, por sí sola, no puede responder a las diversas formas de violencia, exclusión y desigualdad que viven muchas comunidades en Costa Rica. Por ello, las redes colaborativas, integradas por municipalidades, organizaciones sociales, centros educativos, comités comunales, iglesias y, por supuesto, los mismos vecinos, son el motor que la da la esencia a ese tipo de acciones preventivas. En el siguiente enlace visualizarán una noticia nacional sobre la estrategia Sembremos Seguridad: Capacitación; donde se puede reflexionar que la fuerza de una estrategia preventiva radica en su capacidad sobre la integración institucional, actores locales y cooperación internacional.

Referencia bibliográfica

Castrillo Castrillo, S., Mata Aguilar, B., Rodríguez Barrantes, K. & Villalobos Fonseca, H. (2020). Prevención del delito juvenil: Desarrollo de estrategias de prevención mediante el acercamiento a las juventudes para los cuerpos policiales. Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia (FUNPADEM). 1a ed. San José, Costa Rica. Recuperado de https://aprende.uned.ac.cr/mod/resource/view.php?id=393455

Mi prensa. (2024). Alcaldías electas son capacitadas en la Estrategia Sembremos Seguridad. Recuperado de https://www.miprensacr.com/alcaldias-electas-son-capacitadas-en-la-estrategia-sembremos-seguridad/

Planeación. (2018). Qué es una política pública. [Video YouTube]. Recuperado de https://youtu.be/_Kvitv6U1VU?si=1mck5swX7mQ50Y5s

Solís Moreira, J. (2015). Seguridad ciudadana y prevención de violencia en Costa Rica. Estrategia operativa de coproducción y corresponsabilidad. Recuperado de https://aprende.uned.ac.cr/mod/resource/view.php?id=393448